LEY DE DEPENDENCIA

El Gobierno incentivará a aquellas Comunidades que mejor desarrollen la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, preside el Consejo Territorial de la Dependencia, que ha aprobado una nueva distribución de fondos

Madrid (16-4-09).- La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado tras presidir la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia -integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio-, que el Gobierno premiará a las Comunidades Autónomas que mejor desarrollen la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia. Este hecho supone un cambio en el reparto de los fondos, que ha sido aprobado por mayoría en el encuentro, y que tiene como objetivo que el denominado nivel acordado de financiación de la ley deje de distribuirse únicamente en función de la población. Así, para este año 2009, el departamento dirigido por Jiménez repartirá un 20 por ciento de los fondos en función de las personas evaluadas a 1 de abril.

"Esto servirá para incrementar la eficacia y facilitar la ágil prestación de servicios a aquellos ciudadanos que ya están evaluados y que las comunidades tengan claro los servicios que necesitan en función de sus necesidades", ha señalado la ministra, tras explicar que el Ejecutivo distribuirá una partida para 2009 de este nivel acordado de 283 millones de euros. "Así no se tiene en cuenta solamente a la población de cada región", ha precisado.

En su intervención ante el Consejo, la ministra ha explicado que el Gobierno de España destinará este año a las Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros para Dependencia, un 79 por ciento más que en 2008. Las CCAA reciben este año financiación para la Ley de Dependencia a través de tres vías: el nivel mínimo (la financiación general y automática por beneficiario), el nivel acordado y el fondo extraordinario de 400 millones para dependencia del Plan E.

En la reunión, el Consejo ha informado la distribución de los fondos del nivel acordado, de 283,1 millones, que se destinan a financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia), según han informado fuentes oficiales. El Gobierno ha aumentado esta partida en un 17,5 por ciento en relación a 2008. La distribución de este fondo es la siguiente (Ver tabla).

En esta distribución se han tenido en cuenta criterios como la población, el número de beneficiarios de la ley, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie, la insularidad o los emigrantes retornados, tal y como ha informado la ministra. La novedad respecto a repartos anteriores es que se ha incorporado en la ponderación un mayor peso del número de evaluaciones realizadas (beneficiarios de la ley). De este modo, un 20 por ciento del fondo repartido a las CCAA está sujeto a este criterio.

Trinidad Jiménez ha explicado que el Gobierno ha firmado convenios de colaboración con 12 Comunidades Autónomas, que ya han comenzado a desarrollar los proyectos.

A través de este fondo extraordinario, las CCAA crearán o adaptarán más de 50.000 plazas de servicios de atención a la dependencia (en residencias, centros de día o de noche, centros de promoción de la autonomía personal, en servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia) en 1.345 proyectos. La puesta en marcha de estos proyectos posibilitará la creación de 35.000 empleos directos e indirectos.

Ley de Dependencia
La ministra de Sanidad y Política Social se ha referido además a la situación actual de la Ley de Dependencia, que se encuentra en su tercer año de aplicación. Así, ha explicado que 628.614 personas tienen ya derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia, según datos del Sistema Informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aportados por las CCAA a 1 de abril de 2009.

De ellos, 430.669 han sido reconocidos como grandes dependientes y 197.945 como dependientes severos (los dos grados a los que, en la actualidad, ampara la ley, según el calendario de aplicación de la misma). En virtud de la Ley de Dependencia, estas personas son atendidas a través de servicios sociales o prestaciones económicas.

De los beneficiarios que perciben la prestación económica por cuidados familiares (169.987, según datos de las CCAA), 60.541 están dados de alta en la Seguridad Social, según datos facilitados por este organismo a 7 de abril de 2009. De ellos, cerca del 95 por ciento son mujeres.

Sobre las discrepancias de algunos consejeros del PP en torno a estos criterios, la titular de Sanidad y Política Social ha señalado que con esta distribución de fondos se ha querido llegar a un "punto de equilibrio y de consenso", tras recordar las propuestas de otros responsables autonómicos que querían elevar el nivel acordado al 50 por ciento. Aunque admitió que en el seno del consejo hubo opiniones discordantes, a la hora de votar, "ninguna comunidad se postuló en contra".

Catálogo de Buenas Prácticas
Por otro lado, y con el fin de agilizar la llegada de las ayudas a las familias y a las personas que lo requieran, Trinidad Jiménez ha propuesto a las CCAA la elaboración de un catálogo de buenas prácticas en la implantación de la ley. Con este catálogo, que se va a elaborar por acuerdo del Consejo, el Gobierno y las CCAA pretenden mejorar la eficiencia de las actuaciones y lograr un intercambio en la experiencia de la aplicación de la ley, tal y como se ha informado.

Como ha indicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo, “la reunión ha puesto de manifiesto que a todos nos une un mismo objetivo común: agilizar la aplicación de la Ley de Dependencia”.

La ministra ha subrayado su ofrecimiento al diálogo y la colaboración con las autoridades autonómicas y ha recordado el esfuerzo que el Gobierno de España está haciendo para aumentar los recursos para la aplicación de la ley. Este año los fondos han aumentado un 79 por ciento respecto a 2008. En esta línea, la ministra también ha querido destacar el “compromiso de lealtad y cooperación por parte de las Comunidades Autónomas para resolver los problemas que puedan surgir”.

Como ha dicho, “compartimos un mismo objetivo, hacer que la ley llegue antes y a más personas dependientes y sus familias. Sabemos que es ambicioso y no es sencillo, pero nuestra obligación es alcanzarlo y en eso vamos a trabajar”.