Es una de las más de 300 personas afectadas por el retraso en la redacción de sentencias del juez de lo Social de Teruel, que ha sido suspendido por este atasco.
Encarna Mateo fue a los tribunales porque tras 30 meses de baja el tribunal médico le dio el alta. "Tengo fibromialgia en su estadio más elevado, tres cervicales con radiculopatía en los brazos y el derecho me lo han operado del túnel carpiano y del dedo meñique", explica. "Era planchadora en ML Vaqueros y alguna vez me reincorporé al trabajo para que la empresa saliera adelante. Lo hice con muchísimo dolor, incluso algún día, al salir, mis compañeras me llevaron a urgencias. Cuando me dieron el alta médica la empresa había cerrado". El juicio, por el que reclama una incapacidad, se celebró el 6 de marzo del 2007 y Encarna lleva 20 meses sin trabajar ni cobrar.
Es una de las más de 300 personas que esperan sentencia en el Juzgado de lo Social de Teruel. El titular, Luis Eduardo Morales, fue suspendido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial tras constatar el retraso injustificado en la redacción de esas sentencias. Encarna Mateo, Antonio Buiza o Silvia García (de las Cuencas Mineras) viven entre el dolor y la incertidumbre de no saber si sus juicios tendrán que repetirse. Antonio tiene la sentencia de su juicio por incapacidad desde septiembre del 2006, pero aún no la han ejecutado. "Tengo una incapacidad de un 55% de mi trabajo en la mina como electromecánico", afirma. "En el juicio pedí que me elevaran el porcentaje, pues sufrí un accidente con una pala excavadora que me golpeó en la espalda cuando trabajaba en Turolquímica. Tras 20 meses de baja y alternancias entre bajas e incorporaciones, y tras otros 18 meses de baja, Asepeyo, me hizo unas pruebas en las que se me incapacitó para el trabajo". Lo echaron y fue al paro, pero desde el 24 de marzo no cobra.
Encarna tiene dos hijas gemelas que estudian en Zaragoza y que se han tenido que poner a trabajar. Su padre, con una incapacidad del 55%, trabaja en la portería de la empresa Casting Ros de Utrillas y su sueldo no es muy alto. Antonio tiene también una hija en la universidad, pero tiene ayuda familiar.
Silvia García sufre fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de piernas inquietas. Verifica piezas en Casting Ros y causó baja el 1 de marzo del 2006, año en que le suprimieron la prestación económica sin opción a paro. Su juicio por incapacidad se celebró el 7 de noviembre del 2007 y lleva "quince meses sin cobrar". "Estoy desesperada. Mi esposo se rompió el tendón de Aquiles por segunda vez y lo despidieron de su empresa cuando a mí me quitaron la prestación".
Silvia se queja del tribunal médico porque la primera vez que llegó no tenía un diagnóstico efectivo. Al igual que sus compañeros, afirma que en un minuto no se puede valorar su situación. "Apenas nos preguntan nada y ni siquiera una observación visual; solo miran los informes. Dices que tu trabajo es verificar piezas y ni piensan que son muy pesadas y que tienes que levantarlas con gran esfuerzo", cuenta.
A todo esto se suman la situación económica y la enfermedad: depresión, fatiga crónica, insomnio y una larga lista de fármacos para soportar el dolor. "No puedo hacer la compra sola ni las labores de mi casa. Ni buscar otro trabajo, porque voy al médico continuamente, y ya ni quedo con mis amigas", explica Encarna.
Un centenar de afectados se manifestó en Teruel en abril, convocados por UGT. El secretario general, Jesús García Duque, se reunió con la subdelegada del Gobierno, María Victoria Álvarez, quien le aseguró que en uno a dos meses se resolvería la situación.
Encarna Mateo fue a los tribunales porque tras 30 meses de baja el tribunal médico le dio el alta. "Tengo fibromialgia en su estadio más elevado, tres cervicales con radiculopatía en los brazos y el derecho me lo han operado del túnel carpiano y del dedo meñique", explica. "Era planchadora en ML Vaqueros y alguna vez me reincorporé al trabajo para que la empresa saliera adelante. Lo hice con muchísimo dolor, incluso algún día, al salir, mis compañeras me llevaron a urgencias. Cuando me dieron el alta médica la empresa había cerrado". El juicio, por el que reclama una incapacidad, se celebró el 6 de marzo del 2007 y Encarna lleva 20 meses sin trabajar ni cobrar.
Es una de las más de 300 personas que esperan sentencia en el Juzgado de lo Social de Teruel. El titular, Luis Eduardo Morales, fue suspendido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial tras constatar el retraso injustificado en la redacción de esas sentencias. Encarna Mateo, Antonio Buiza o Silvia García (de las Cuencas Mineras) viven entre el dolor y la incertidumbre de no saber si sus juicios tendrán que repetirse. Antonio tiene la sentencia de su juicio por incapacidad desde septiembre del 2006, pero aún no la han ejecutado. "Tengo una incapacidad de un 55% de mi trabajo en la mina como electromecánico", afirma. "En el juicio pedí que me elevaran el porcentaje, pues sufrí un accidente con una pala excavadora que me golpeó en la espalda cuando trabajaba en Turolquímica. Tras 20 meses de baja y alternancias entre bajas e incorporaciones, y tras otros 18 meses de baja, Asepeyo, me hizo unas pruebas en las que se me incapacitó para el trabajo". Lo echaron y fue al paro, pero desde el 24 de marzo no cobra.
Encarna tiene dos hijas gemelas que estudian en Zaragoza y que se han tenido que poner a trabajar. Su padre, con una incapacidad del 55%, trabaja en la portería de la empresa Casting Ros de Utrillas y su sueldo no es muy alto. Antonio tiene también una hija en la universidad, pero tiene ayuda familiar.
Silvia García sufre fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de piernas inquietas. Verifica piezas en Casting Ros y causó baja el 1 de marzo del 2006, año en que le suprimieron la prestación económica sin opción a paro. Su juicio por incapacidad se celebró el 7 de noviembre del 2007 y lleva "quince meses sin cobrar". "Estoy desesperada. Mi esposo se rompió el tendón de Aquiles por segunda vez y lo despidieron de su empresa cuando a mí me quitaron la prestación".
Silvia se queja del tribunal médico porque la primera vez que llegó no tenía un diagnóstico efectivo. Al igual que sus compañeros, afirma que en un minuto no se puede valorar su situación. "Apenas nos preguntan nada y ni siquiera una observación visual; solo miran los informes. Dices que tu trabajo es verificar piezas y ni piensan que son muy pesadas y que tienes que levantarlas con gran esfuerzo", cuenta.
A todo esto se suman la situación económica y la enfermedad: depresión, fatiga crónica, insomnio y una larga lista de fármacos para soportar el dolor. "No puedo hacer la compra sola ni las labores de mi casa. Ni buscar otro trabajo, porque voy al médico continuamente, y ya ni quedo con mis amigas", explica Encarna.
Un centenar de afectados se manifestó en Teruel en abril, convocados por UGT. El secretario general, Jesús García Duque, se reunió con la subdelegada del Gobierno, María Victoria Álvarez, quien le aseguró que en uno a dos meses se resolvería la situación.
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