El Ministerio Fiscal solicita 58 años de prisión para la representante legal de Unión Naval de Valencia, y sendas penas de 34 años para tres jefes de seguridad, por la muerte de diez trabajadores que se contaminaron con amianto y las enfermedades que sufren otros trece.
Según relata en su escrito de calificación provisional, la representante legal de la empresa y los tres jefes de seguridad que hubo entre 1998 y 2002, incumplieron las normas de seguridad relativas al amianto, cuyo uso fue prohibido en 1984, 'sabiendo que perjudicaban gravemente la salud de sus trabajadores'.
Los acusados, asegura el fiscal, conocían que la empresa había utilizado la citada sustancia contaminante en la construcción y reparación de buques, y que algunos de sus trabajadores habían sufrido exposición directa o indirecta a la misma.
Los procesados, añade, 'no efectuaron evaluación inicial ni control continuado de las partículas de amianto ni de los riesgos existentes'.
La empresa incumplió la obligación específica de control ambiental de los puestos de trabajo, sin hacer un registro de mediciones ni una ficha clínica de cada trabajador, y 'tampoco adoptó las medidas preventivas tendentes a impedir o atenuar los efectos negativos de la inhalación de fibras' de amianto.
Los acusados no efectuaron reconocimientos médicos a los trabajadores expuestos con periodicidad semestral -como indica la legislación laboral- ni se les practicó prueba radiológica alguna.
Tampoco pusieron a disposición de los trabajadores medios de extracción localizada en el interior de los buques, para evitar la emisión de fibras.
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